Medicamentos Genéricos y Laboratorios Públicos: dos notas que compartimos
La ley de genéricos, una solución al aumento de los medicamentos que no se cumple
Ante el avance indiscriminado en los precios, la aplicación plena de esta ley traería alivio a los bolsillos de los pacientes que en muchos casos no saben que pueden elegir una opción más barata de un mismo remedio.
Por Andrés Esteban Zapata - Nota elaborada en el marco del programa de prácticas profesionales realizado entre Tiempo y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
8 de Octubre de 2019
Los medicamentos han sido en los últimos meses uno de los rubros en donde la suba de precios se aceleró exponencialmente. Según el último informe presentado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav), desde junio del 2018 los precios de los medicamentos tuvieron una suba que acumula un 98,5% y desde noviembre del 2015 la suba fue del 360,9%.
Una de las maneras en que los pacientes podrían verse aliviados es a través del cumplimiento de la Ley de Prescripción de Medicamento por su Nombre Genérico (Nº25.649). Pero en los últimos años, esta ley fue perdiendo relevancia en la práctica.
La ley conocida como "Ley de genéricos", fue impulsada en 2002 por el entonces Ministro de Salud Ginés González García durante la presidencia de Eduardo Duhalde en medio de la emergencia sanitaria que se vivía en ese momento. La estrategia fue sencilla: todas las recetas médicas debían contener el nombre genérico del medicamento o el mismo principio activo. De esta manera, el farmacéutico debía ofrecer al comprador las diferentes opciones de la droga.
Un claro ejemplo es la atorvastatina que es una droga utilizada para controlar el colesterol (enfermedad crónica): su precio varía entre $425 el más económico y $1.287 el más caro según el laboratorio. La ley permitiría un ahorro anual de $10.344 al paciente que optara pasar del medicamento más alto al más barato.
“Las últimas auditorías hasta el momento realizadas por un organismo público fueron en 2015, cuando el entonces ministro de salud, Daniel Gollán, pudo detectar que solamente un 30% de las recetas médicas incluían el nombre genérico. Todas, en general, estaban escritas con el nombre comercial”, revela el Dr. Rubén Sajem, Secretario General del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital Federal (COFyBCF).
Varios estudios revelan que las ventas de medicamentos disminuyeron enormemente en los últimos años, dejando a los pacientes en una verdadera situación de vulnerabilidad ante su salud.
Entre las observaciones que se realizaron para poder aprobar la ley es que además de prescribir la receta por Denominación Común Internacional (DCI - nombre químico) también se pueda incluir el nombre comercial. “Esta posibilidad genera que el paciente se sienta en cierta forma inclinado a comprar la marca que el médico le indica en la receta y a lo mejor no sabe que el médico le está prescribiendo un medicamento carísimo.”, sostiene Sajem.
Para terminar con estos grises de la doble (o falta de) prescripción de medicamentos, en 2016 la entonces diputada del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, presentó un proyecto para corregir la ley original sancionada en 2002. El proyecto solicitaba introducir una modificación que prohibía al médico incluir una marca comercial en la receta. Pero el oficialismo siempre se negó a tratarlo y no se pudo lograr hasta el momento ese cambio fundamental.
Una de las opciones importantes de la ley 25.649 que benefician a los pacientes es que, al momento de ir a comprar un medicamento, el farmacéutico tiene la obligación de mostrar al paciente todas las alternativas de precios disponibles de la misma droga genérica indicada. También es el único profesional facultado para sustituir marca. Pero ante el avance del incumplimiento de dicha norma, también se encuentran expuestos a situaciones que los podría complicar en su labor profesional.
“La ley dice que todo receta que no esté prescripta por Denominación Común Internacional se da por no prescripta”, asegura la Dra. Laura Raccagni, coordinadora del Observatorio de Medicamentos de la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa). Pero señala que esa situación “coloca al farmacéutico en una situación totalmente vulnerable porque puede ocurrir que algún caso relacionado a una receta así se judicialice y, si en la justicia toman al pie de la letra lo que dice la ley, el farmacéutico dispensó sin la receta y eso puede perjudicar seriamente su carrera”.
Las obras sociales y prepagas tampoco aplican esta norma en los distintos vademécum que, en su mayoría, no incluyen a todas las marcas de medicamentos con el mismo principio activo disponibles. Esto perjudica a los pacientes que siempre deben acatarse a lo prescripto por el médico para así poder lograr un descuento el precio final que en muchos casos no proviene de la marca más económica. “Deberían incluir a todas las marcas, salvo unos pocos que por estar sujetos a farmacovigilancia o por tener estrecho margen terapéutico se pueden recetar por marca”, asegura el Dr. Rubén Sajem y afirma: “La marca no la pueden elegir ni el médico, ni el farmacéutico ni la obra social o prepaga porque este es un beneficio y un derecho que le da la ley al paciente”.
Fuente: CLICK AQUÍ: Diario Tiempo Argentino Edición del 8 de Octubre del 2019
Los laboratorios públicos y su rol social para competir con el mercado privado
Ante una nueva perspectiva en las políticas públicas de salud luego del triunfo de Alberto Fernández, los laboratorios públicos nacionales pueden convertirse en actores preponderantes para abastecer de medicamentos a la población.
Por Andrés Esteban Zapata - Nota elaborada en el marco del programa de prácticas profesionales realizado entre Tiempo y la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV)
5 de Noviembre de 2019
El acceso a los medicamentos por parte de la población de nuestro país se convirtió, nuevamente, en uno de los temas más sensibles a resolver por la administración de Alberto Fernández a partir del próximo 10 de diciembre.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el precio de los remedios lleva acumulado hasta la fecha un aumento del 360,9% según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda (Undav). Con este panorama, la producción de medicamentos por parte de los laboratorios públicos es una de las herramientas más importante para hacer frente a las altas subas por parte de los laboratorios privados.
En la Argentina existen más de 30 laboratorios públicos que dependen de Nación, de provincias y de universidades nacionales que, a partir de la crisis económica vivida en el 2001, cobraron un rol preponderante en el área de la salud pública.
Entre los principales compradores de estos laboratorios se encuentran el PAMI, la Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Nación, los ministerios de salud provinciales y la obra social bonaerense IOMA, entre otros.
En 2014 se sancionó la ley 27.113 que creó la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP). Según indica su página web, el objetivo principal es “articular y promover la actividad de los laboratorios de producción pública de medicamentos existentes en nuestro país de forma planificada y centralizada por parte del Estado nacional”. Aunque su funcionamiento administrativo no estuvo completo hasta enero de este año (todavía queda por conformar su estructura organizativa), la agencia pudo comenzar a articular reuniones con los laboratorios participantes. “Comenzamos a viajar, a generar vínculos, ver qué necesitaban y de ahí fuimos viendo cómo armar un pedido de subsidio ya que la mayor parte del presupuesto de la ANLAP es para que los laboratorios hagan obras, entre otros objetivos”, cuenta el bioquímico Gastón Morán, vicepresidente de la agencia estatal.
La importancia de la producción pública de medicamentos radica en que estos laboratorios no tienen ánimo de lucro. Por eso, pueden producir a menor costo y hacerse cargo de medicamentos que las empresas privadas ya no fabrican porque no les son rentables, los denominados "medicamentos huérfanos", como por ejemplo drogas para tuberculosis. Otro de los objetivos es poder cubrir licitaciones públicas que generalmente quedan sin oferentes debido al desinterés por parte de los laboratorios privados.
Un caso exitoso de articulación por parte de la ANLAP se dio cuando desde el Hospital Garrahan se acercaron en 2018 con una problemática que venían teniendo con un medicamento que desde el hospital se generaba a través de la elaboración en forma magistral (artesanal). Pero este tipo de elaboración solo permitía el tratamiento durante la internación. El inconveniente surgía cuando los pacientes retornaban a sus casas y no podían continuar con la medicación. “Ante esa situación la agencia intervino y generamos un encuentro en la provincia de La Rioja en donde invitamos a la Asociación Argentina de Pediatría, a los referentes de las farmacias hospitalarias y a los productores públicos. Luego de trabajar durante varios días, la Planta Piloto de Producción de Medicamento, que depende de la a Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), comenzó a trabajar en la producción del medicamento faltante”, relata Nazareno Luján Pernía Osuna, secretario de ANLAP.
El circuito básico de un medicamento desde que se fabrica hasta que llega a las manos de un paciente puede describirse en tres pasos: Laboratorio-Droguerías-Farmacias.
Un laboratorio obtiene la licencia para poder fabricar un medicamento y se encarga de producirlo. Luego, de manera arbitraria, le pone un precio sugerido de venta al público, que se considera como el precio máximo de venta. Si bien no es obligatorio mantener ese precio porque no hay regulación, casi todas las farmacias lo respetan por una cuestión de ética profesional histórica.
Esta falta de control estatal permite que algunos laboratorios, en su mayoría los más grandes y conocidos, tengan márgenes de ganancias superiores al mil por ciento.
Las droguerías son las encargadas de distribuir el producto en las farmacias. Son el nexo entre éstas y los laboratorios. Las farmacias son el último eslabón antes de que un medicamento llegue al paciente y tienen un margen de ganancia promedio entre el 30 y 32 por ciento del precio de venta sugerido por el laboratorio.
Para evitar todo ese circuito comercial, el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe produjo en junio pasado la primera partida de antibióticos betalactámicos, como amoxicilina y cefalexina, que permitirá garantizar la cobertura a todos los santafesinos atendidos en los distintos sistemas de salud pública de esa provincia. Otro de los productos elaborado por el CIF es el misoprostol, que en septiembre de este año comenzó a distribuirse en los centros de salud y hospitales públicos provinciales.
Otro de los ejemplos relevantes es el producido por el "Laboratorio del Fin del Mundo", la empresa estatal de Tierra del Fuego, que en septiembre pasado concluyó con la producción del primer lote de Atazavir 300 miligramos, el remedio que bajo el nombre comercial de Suravir se utiliza para tratar a personas afectadas de VIH. Esta producción fue adquirida por la Secretaría de Salud de la Nación para ser incorporado al programa nacional de VIH Sida.
“Creo que hay que articular una política de medicamentos desde la investigación hasta el desarrollo. Pensarlo como una política pública que avance y no simplemente como una cuestión filosófica de los laboratorios públicos”, afirma el bioquímico Gastón Morán y Luján Pernía Osuna agrega: “Esta política debe estar anclada en la realidad fáctica de los laboratorios y no como una cuestión discursiva muy por encima, sino con el diagnóstico cien por ciento de primera mano de los laboratorios”.
Fuente: CLICK AQUÍ: Diario Tiempo Argentino Edición del 5 de Noviembre de 2019
